TSJ Staff
Ripio y Mercado Bitcoin presentaron ante el Banco Central de Brasil el pedido de autorización como prestadoras de servicios de activos virtuales (PSAV). El plazo para las empresas que ya operan en el país vence el viernes 30 de octubre. Ya pidieron la licencia al menos 15 compañías, entre ellas Binance, OKX y Bybit; las que no la pidan a tiempo no podrán seguir operando.
La plataforma cripto argentina Ripio y la brasileña Mercado Bitcoin pidieron al Banco Central de Brasil la autorización para operar como prestadoras de servicios de activos virtuales (PSAV). El plazo para las empresas que ya están activas en el país vence el viernes 30 de octubre, y ya son al menos 15 las que presentaron el pedido.
Ripio solicitó la licencia de corredora de activos virtuales, con intermediación y custodia, y autorización para operar en el mercado de cambios. Según la compañía, opera en Brasil desde 2015 y sigue atendiendo a sus clientes con normalidad. Ripio fue fundada en Buenos Aires en 2013, como BitPagos, por Sebastián Serrano (CEO), criado en Choele Choel (Río Negro), Luciana Gruszeczka y Mugur Marculescu.
Mercado Bitcoin, fundada en 2013 por los hermanos Gustavo y Maurício Chamati, sumará la licencia de PSAV a la de institución de pago que ya tiene si obtiene la aprobación. Su CEO y presidente del directorio es Roberto Dagnoni, ex-ejecutivo de la bolsa brasileña B3. Este año, la compañía compró la corredora del Banco Mercantil y absorbió a los 850.000 usuarios de Bity, que cerró su corredora, y a los clientes minoristas de Bitso.
A fines de septiembre, solo siete empresas habían pedido la licencia, cuando el Banco Central esperaba entre 100 y 150. Desde entonces se sumaron Binance, OKX, Bybit, Crown, UnblockPay y Brasil Bitcoin (cuyo pedido está en disputa judicial) a las primeras siete: Transfero, Mazzera, PFPay, Masterpay, W Brasil Comércio, Onda Finance y Wynx Exchange. Se esperan los pedidos de Coinbase, Foxbit, Avenia y Lumx, mientras otras plataformas, como Lemon, NovaDAX y Coinext, cerraron sus servicios en el país.
Las reglas rigen desde el 2 de febrero y exigen un capital mínimo de entre unos US$2 millones y US$7 millones, según la actividad. El pedido no equivale a la licencia, pero permite a la empresa seguir operando mientras el Banco Central lo analiza. Las empresas que no lo presenten quedarán en situación irregular, y desde el 6 de noviembre los bancos, las instituciones de pago y demás entidades autorizadas por el Banco Central no podrán operar con ellas. Como la ley cripto de 2022 equipara a las PSAV con instituciones financieras, operar sin autorización puede configurar un delito penado con prisión de uno a cuatro años.
Ripio prioriza el mercado brasileño desde 2015, cuando decidió expandirse al país. Haremos cualquier adecuación que sea necesaria para seguir operando según las reglas del país.