TSJ Staff
Lula firmó una medida provisional que prohíbe las apuestas deportivas y de casino en Brasil. Desde el 25 de septiembre, las plataformas no pueden recibir depósitos, deben dejar de funcionar el 6 de octubre y los bancos devolverán los saldos a los apostadores. El Congreso tiene 120 días para aprobarla; el sector ya pidió al Supremo que la suspenda y el Ministerio Público ante el TCU propuso postergarla al 31 de diciembre.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó una medida provisional que prohíbe las apuestas de cuota fija en Brasil, deportivas y de casino, tanto online como presenciales, y que también deja sin efecto las licencias estatales. Rige desde su publicación, el 25 de septiembre, y las plataformas ya no pueden aceptar depósitos; sus sitios y apps deben dejar de funcionar el 6 de octubre. El Congreso tiene 120 días para aprobarla. Las loterías autorizadas por ley, como las de la Caixa, siguen siendo legales. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Dario Durigan.
Los apostadores pueden retirar su dinero hasta el 5 de octubre. Después, las plataformas deben informar a los bancos el saldo de cada apostador, y entre el 9 y el 14 de octubre los bancos lo devolverán de forma automática a la cuenta desde la que se depositó. Según estimaciones de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, las plataformas deberán devolver unos US$315 millones a casi 23 millones de apostadores, un promedio de unos US$14 por persona. Anatel, el regulador de telecomunicaciones, bloqueará los sitios, las tiendas de aplicaciones retirarán las apps y se cortarán los pagos hacia las plataformas, incluido el Pix. La publicidad y los patrocinios tienen 10 días para desaparecer.
Los bancos y las instituciones de pago tendrán prohibido procesar operaciones de apuestas, salvo para cerrar cuentas y devolver saldos, según una norma que aún debe dictar el Banco Central. Desde mediados de septiembre, esas entidades ya estaban obligadas a vigilar los flujos de Pix hacia apuestas ilegales, y el gobierno enviará un proyecto de ley con penas de 2 a 4 años de prisión para quien facilite esos pagos. Las 85 empresas que pagaron unos US$5,6 millones cada una por una licencia de cinco años, en total unos US$472 millones, la perderán en 30 días y no recibirán reembolso.
Según una estimación de 2025 del Banco Central, los brasileños gastaban hasta unos US$5.600 millones por mes en apuestas. De los más de 28 millones de personas que apostaron en 2023, 10,9 millones mostraban patrones de riesgo, y las consultas por ludopatía en el sistema público de salud crecieron cerca de 140% entre 2018 y 2025. El gobierno federal dejará de recaudar unos US$148 millones por mes, y el ministro de Planificación, Bruno Moretti, calcula en unos US$1.260 millones los ingresos ya presupuestados que se pierden hasta 2027.
El impacto llega al fútbol: 14 de los 20 clubes de la Serie A tienen a una casa de apuestas como principal patrocinador, por unos US$185 millones al año, y el mayor contrato, el de Flamengo con Betano, vale unos US$49,7 millones. El Instituto Brasileño de Juego Responsable habló de una ruptura del marco regulatorio que construyó el propio Estado. Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, candidato a la reelección y contrario a las apuestas, calificó la medida de oportunismo electoral a días de la elección del 4 de octubre. El Congreso, en receso por la campaña, la votaría después de los comicios.
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías y el Instituto Brasileño de Juego Responsable pidieron el 28 de septiembre al Supremo Tribunal Federal que suspendiera de inmediato la medida, con el argumento de que el gobierno no demostró la urgencia que exige una medida provisional. El pedido se presentó al ministro Luiz Fux, relator de las acciones que ya discuten la constitucionalidad del marco de las apuestas. Ese mismo día, el subprocurador general Lucas Rocha Furtado, del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), pidió una medida cautelar para postergar la prohibición al 31 de diciembre, con una transición adecuada que garantice seguridad jurídica. Furtado también propuso llevar a esa fecha los plazos para retirar saldos, dar de baja los sitios y avisar a los bancos. Además, pidió que el Ministerio de Hacienda presentara un informe sobre el impacto en la recaudación, el empleo y los patrocinios deportivos. El TCU todavía no se pronunció.
Decidí tomar una medida dura, drástica y necesaria. Esto es como un cáncer: o sacamos el tumor o ese tumor nos va a matar.