Columnista de Opinión
México publicó el 4 de noviembre en el Diario Oficial la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, vigente desde el 5. Hacienda tiene 15 días hábiles para definir los sectores donde el pago digital podrá ser la única forma de cobro, y luego cada autoridad sectorial tendrá otros 15 días hábiles para fijar reglas y plazos de transición.
El gobierno de México publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) del 4 de noviembre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que entró en vigor el jueves 5. Ese día arrancó el plazo de 15 días hábiles para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine los sectores estratégicos y las actividades en los que los medios de pago digitales podrán ser la única forma de cobro. El Congreso había aprobado la ley el 20 de octubre.
Una vez que Hacienda publique la lista, las autoridades de cada sector tendrán otros 15 días hábiles para emitir las reglas: condiciones, requisitos y obligaciones para recibir pagos digitales como única modalidad, y mecanismos y plazos para una transición gradual desde el efectivo. El gobierno ya había señalado las gasolineras y las casetas de peaje como los primeros candidatos. La ley no prohíbe el efectivo en general: ante una contingencia que impida el pago digital, se podrá pagar en efectivo o con cheque, aunque no de forma permanente o recurrente.
La ley define como medios de pago digitales y electrónicos los códigos QR, los dispositivos NFC, las tarjetas de débito y crédito y las transferencias de fondos, incluida la domiciliación. Obliga a los gobiernos federal, estatales y municipales a aceptar pagos digitales en sus trámites y servicios. También habilita al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a emitir reglas para que quienes ofrecen terminales de punto de venta acepten pagos con códigos QR que cumplan las especificaciones del banco central.
Para la contratación a distancia, la ley reconoce la CURP Digital como mecanismo de identificación para servicios financieros en línea, de uso optativo para los usuarios, y obliga a las instituciones financieras a aceptar el Expediente Digital Ciudadano cuando el cliente lo pida. Los documentos de ese expediente tendrán los mismos efectos jurídicos que los físicos. Ese punto fue uno de los ejes del debate desde que la presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa al Congreso con el Paquete Económico 2027.
La implementación deberá hacerse con los presupuestos ya autorizados, sin recursos adicionales. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones proyecta que la adopción de pagos digitales llegue al menos al 50% en 2027; según su titular, José Antonio Peña Merino, hoy el 85% de las operaciones menores a 500 pesos (unos US$27) se hacen en efectivo.