The Startup Journal

Argentina abrió una discusión de fondo sobre las reglas con las que se crean y operan las empresas. El 29 de mayo de 2026 fue remitido al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de nueva Ley General de Sociedades que busca reformar de manera integral el régimen societario y adaptarlo a las dinámicas actuales de los negocios y la economía digital.

El punto de partida es una ley, la N° 19.550, que ya lleva más de 50 años sin una reforma de fondo. El proyecto plantea un esquema más flexible para la constitución, organización y funcionamiento de las sociedades. En lugar de un sistema apoyado en reglas rígidas y tutela burocrática, el texto propone que, como regla general, las normas sean supletorias de lo que definan los estatutos, con preeminencia del principio de autonomía de la voluntad en su artículo 2.

Uno de los cambios más relevantes está en cómo se entiende la protección de acreedores y terceros. El régimen tradicional partía de que el capital social funcionaba como una garantía suficiente frente a la limitación de responsabilidad de los socios. El nuevo enfoque corre ese eje: según el mensaje de elevación del proyecto, la garantía real pasa por el patrimonio, la solvencia, la integridad de los activos y la información disponible, en lugar de una cifra nominal de capital que puede quedar desactualizada, especialmente en contextos de inflación.

En la práctica, eso implicaría mirar con más atención la capacidad efectiva de una empresa para cumplir sus obligaciones. El texto fuente destaca que el proyecto no define de manera específica test de solvencia en su artículo 30, pero sí abre la puerta a evaluaciones caso por caso según el riesgo que cada acreedor esté dispuesto a asumir. Bajo esa lógica, ganarían peso indicadores como la solvencia —patrimonio neto sobre pasivos—, la liquidez —activos corrientes sobre pasivos corrientes—, la composición del capital de trabajo, la generación operativa de fondos y las proyecciones financieras.

Si el Congreso avanza con esta reforma, el cambio para emprendedores, startups, pymes, inversores y acreedores no sería menor. El objetivo declarado es contar con un marco societario más moderno, flexible y compatible con una economía integrada al mundo, además de facilitar la actividad empresaria y atraer inversión extranjera directa. Para el ecosistema argentino, la discusión no pasa solo por simplificar trámites: también redefine cuánto se puede pactar dentro de una sociedad y qué información financiera pasa a ser central al momento de evaluar riesgo.